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INVERSIÓN Y CONTRATACIÓN PÚBLICA
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Obra Pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios:
La contratación pública está ligada indisolublemente con el marco jurídico presupuestario, por lo que de manera frecuente hemos atendido diversas problemáticas que involucran la autorización de contratos plurianuales, las autorizaciones para contratar antes de que inicie el ejercicio fiscal correspondiente, conflictos sobre la existencia de suficiencia presupuestaria para pagar los contratos respectivos, contrataciones de cooperaciones técnicas internacionales, entre otros temas. También hemos participado en diversas reformas al marco jurídico que rige las contrataciones públicas, incluyendo las compras consolidadas. Asimismo, hemos fungido como miembros de los comités de adquisiciones y obras públicas, asesorando jurídicamente a la dependencia correspondiente en las contrataciones públicas.
Entre otras cuestiones, somos expertos en la legislación y regulación aplicable a las inversiones públicas productivas, lo cual nos permite implementar las mejores estructuras jurídicas para el desarrollo de proyectos en beneficio tanto de clientes privados como públicos.
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Sectores infraestructura y energético:
Participamos directamente en la redacción y negociación de las leyes y disposiciones administrativas que conforman la reforma energética. Asimismo, en el diseño jurídico de los contratos de exploración y extracción, en la modalidad de producción compartida y de licencia, utilizados en las primeras dos rondas de licitaciones y en los farmouts de Pemex. Asimismo, en otras reformas en materia de infraestructura (obras, caminos y puentes, aeropuertos, servicio ferroviario, etc.); también hemos participado directamente en su implementación a través del diseño de contratos, emisión de opiniones jurídicas y asesoría legal en general. En particular formamos parte de los equipos multidisciplinarios para establecer mecanismos novedosos para la inversión público-privada, como el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) o el Fideicomiso de Infraestructura para Mesoamérica y el Caribe, entre otros.
Asimismo, DLG Abogados ha participado exitosamente en el establecimiento de nuevas estructuras financieras y de negocio en materia de generación de energía con fuentes renovables, tanto en generación distribuida, como en proyectos con una capacidad de generación más grande. En materia de infraestructura hemos implementado proyectos y resuelto conflictos relacionados con diversos sectores tanto a nivel federal como local, en materias como carreteras, universidades, inmuebles públicos, y prestación de servicios públicos.
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Proyectos público-privados:
Participamos directamente en la redacción y negociación de la Ley de Asociaciones Público Privadas y sus reformas y hemos participado directamente en su implementación, a través del diseño de cláusulas contractuales, emisión de opiniones jurídicas y asesoría legal en general; por ejemplo en los proyectos contratados por el IMSS para la construcción y operación de hospitales.
Por otra parte, hemos colaborado tanto con gobiernos locales como con instituciones financieras en el diseño de estructuras de financiamiento para proyectos de infraestructura y de servicios públicos.
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Concesiones y permisos:
Hemos participado en el diseño e implementación de diversos esquemas relativos a concesiones y permisos, así como en establecer la regulación que rige el pago de las contraprestaciones por su otorgamiento y prórroga. Asimismo, en resolver conflictos en la materia, por ejemplo, el relativo a las concesiones carreteras del FONADIN, logrando solventar observaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre su procedencia jurídica, otorgando con ello plena certeza jurídica a la operación de las mismas. También hemos participado en el diseño de órganos públicos a cargo de su otorgamiento y/o supervisión como la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales.
También, hemos participado en la emisión de regulación y disposiciones relativas a los diferentes tipos de permisos necesarios para realizar actividades en el sector energético, tanto en materia eléctrica como de hidrocarburos.
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